El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este lunes que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación”. Y no regirá la obligación de permanecer un año en la obra social de la actividad, como establecía un decreto de 2021 firmado por el entonces presidente Alberto Fernández.
“Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación”, anunció este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba tener el sindicato al que pertenecían”, remarcó el funcionario, al tiempo que destacó que la medida, que forma parte del DNU 70, “va a ser reglamentada en los próximos días”, “les va a dar mucha más libertad en virtud de que cada uno va a poder optar por la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren la mejor atención”.
Esta opción había sido modificada por decreto durante la anterior gestión que estableció por decreto que los trabajadores y trabajadoras debían permanecer al menos un año en la obra social que les correspondía de acuerdo al sector que se desempeñaran. Ahora, Javier Milei lo revirtió y volvió a habilitar que se puedan derivar los aportes a la obra social que se elija “desde el inicio de la contratación”. El DNU 70 de desregulación de la economía que el Presidente firmó en diciembre pasado determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.
Horas atrás, el Secretario de Acción Social de la CGT y titular del sindicato de Sanidad (SGBATOS), José Luis Lingeri había advertido que la desregulación de las obras sociales “viene desde la década de los 90, con el Gobierno de Menem y Cavallo. Lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obras social de origen y ahora lo podría hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese. Por otra parte se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria, para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”, explicó el dirigente.
Y agregó: “se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas. Este fue un tema largamente pedido por la CGT. Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso de que opte por esta y, una vez hecha la opción, deberá permanecer un año en la misma. Lo que no está resuelto en estos cambios son los medicamentos de alto precio. Tampoco qué pasará con los monotributistas y los jubilados que opten por la obra social de la actividad. En ese caso, el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios”, analizó el titular del SGBATOS.
Asimismo, el dirigente sindical consideró que si el Gobierno “cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6.000.000 opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas que mencioné anteriormente: monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo”. Y concluyó: “Somos 46.000.000 de argentinos, y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que esos 6.000.000 que pueden pagar un prepago no tengan que ir obligatoriamente a una obra social”.
Qué había cambiado en el gobierno de Alberto Fernández
El Gobierno de Alberto Fernández había atendido en julio de 2021 un antiguo reclamo de los sindicatos y estableció en aquel entonces por decreto que los trabajadores y trabajadoras debían permanecer al menos un año en la obra social que les correspondía de acuerdo al sector que se desempeñaran. Así, se revertía la posibilidad que existía hasta ese momento de optar por cualquier cobertura independientemente de la actividad laboral, algo que desde los “90 había generado un proceso de desfinanciación de las obras sociales sindicales más chicas.
El decreto 438/2021 modificaba al 504 del 12 de mayo de 1998 y establecía que “los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral deberán permanecer un (1) año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.
El texto que ahora revirtió el gobierno de Javier Milei había sido firmado por Fernández; el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la exministra de Salud, Carla Vizzotti, y establecía además que la opción de cambio podía ejercerse solo una vez al año y se hacía efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.
Aquella decisión buscaba matizar un fenómeno conocido como el “descreme” de las obras sociales, que se inició en la década de 1990 cuando se permitió a los afiliados optar por una cobertura u otra. En los planes, un trabajador de un supermercado podía optar por afiliarse a la obra social de árbitros de fútbol, y todas las variantes posibles. Eso se tradujo en una tendencia de la población asalariada de mayores ingresos a buscar cobertura de prepagas a partir de la derivación de sus aportes de obras sociales y, en algunos casos, el pago de una diferencia.
En concreto, y según las voces del sector sindical, hasta julio 2021 los trabajadores de sueldos altos iban a las prepagas y en las obras sociales quedaban los de menores aportes, con los grupos familiares más numerosos.
La decisión plasmada en ese decreto fue una promesa hecha por expresidente de la gestión del Frente de Todos a los dirigentes de la CGT, que buscaban proteger sus cajas y estaban en una posición defensiva desde que la pandemia ubicó al sistema de salud en el centro del debate y miraban con fuerte preocupación la iniciativa alentada por la entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de avanzar con una reforma del sistema de salud.
Los sindicatos temían que una decisión de ese tipo buscara reorganizar el universo de las obras sociales, que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población.
Qué dice el DNU 70 con respecto a obras sociales y prepagas
Uno de los beneficios que pueden obtener las prepagas desde que el gobierno de Javier Milei dio a conocer el DNU 70 de desregulación de la economía a fines de diciembre pasado, tiene que ver con la modificación de la Ley N° 23.660 de regulación de las obras sociales que les permite el ingreso a ese sistema. Esto implica que ahora las empresas tienen capacidad de afiliar directamente a los trabajadores sin la intermediación de una obra social. El decreto desregulatorio modifica la ley de Obras Sociales N° 23.660 y determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.
Hasta el momento, las y los trabajadores en relación de dependencia derivan una parte de su sueldo a la obra social y pagaban un dinero extra para tener una prepaga. Esto implica un impacto directo a los sindicatos que poseen obras sociales por lo que será uno de los temas a tratar por la cúpula de la CGT.
“Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales”, afirmó en diciembre Edgardo Knopoff, director de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la Asociación de Médicos Municipales. “Atenta directamente contra las obras sociales. Contra todas, las buenas, las malas, sin discriminación. Va a permitir que las prepagas, que tienen mucha más espalda comercial, se vayan comiendo a los pequeños competidores. Es bastante probable que una empresa salga con planes subsidiados al principio para lograr eliminar la competencia”, dijo
