El Gobierno de Javier Milei avanza con una profunda reforma laboral que habilita jornadas de hasta 12 horas, modifica el régimen de licencias, y facilita los despidos e indemnizaciones en cuotas.
La iniciativa fue presentada en el Congreso por la diputada santafesina Romina Diez (La Libertad Avanza) bajo el nombre de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo e Inversiones Productivas”.
Pese a que el presidente aseguró que su plan “no va a afectar los derechos de nadie”, el texto propone una serie de modificaciones que suponen un retroceso en derechos conquistados por los trabajadores. Entre los firmantes figuran legisladores de LLA cuestionados por distintas causas judiciales, entre ellos José Luis Espert —actualmente de licencia por un escándalo narco— y Lilia Lemoine.
Uno de los cambios más polémicos es la extensión de la jornada laboral. El proyecto plantea que los convenios colectivos podrán establecer “regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción”, permitiendo bancos de horas y turnos de hasta 12 horas, siempre que se respeten 12 horas de descanso.
También se otorga mayor poder al empleador para modificar las condiciones laborales. El nuevo artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo habilitaría a “introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo”, salvo que sean “irrazonables” o causen un perjuicio “material o moral”. En los hechos, esto abre la puerta a cambios unilaterales en funciones o lugares de trabajo.
Otro punto sensible es el control del empleador sobre las vacaciones. Según el texto, el patrón será quien determine las fechas de descanso, notificando con 21 días de anticipación. Solo se garantiza que el trabajador pueda tomarse vacaciones en verano “al menos una vez cada dos años”. Además, las vacaciones podrán dividirse “en períodos no inferiores a una semana”, lo que permitiría fragmentarlas según las necesidades de la empresa.
En cuanto a las licencias por enfermedad, el proyecto endurece los controles: el empleador podrá denunciar ante la Secretaría de Trabajo si duda de un certificado médico, y se convocará a peritos para reevaluar el diagnóstico. Tras el vencimiento del período de licencia, el empleador solo deberá conservar el puesto por un año más, tras lo cual podrá extinguir la relación sin pagar indemnización.
Las modificaciones también impactan en los juicios laborales y las indemnizaciones. Las deudas laborales se actualizarán solo por inflación (según el IPC del Indec) más un 3% anual, lo que desvaloriza los montos en litigios prolongados. Además, se fijan topes del 20% a los honorarios de abogados y se permite a las PyMEs pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas.
Otro aspecto central es la redefinición del salario: varios beneficios —como viandas, guarderías, ropa, internet o capacitaciones— podrán considerarse “no remunerativos”. Esto implica que no contarán para el cálculo del aguinaldo, aportes ni indemnización, reduciendo el costo laboral para las empresas.
Por último, el texto propone suspender los planes sociales a quienes consigan empleo formal por hasta 13 meses y darles de baja definitiva si continúan trabajando, mientras las empresas recibirán beneficios fiscales por incorporar personal.
Organizaciones sindicales ya anticiparon su rechazo. “Esto no es una modernización del trabajo, es una flexibilización salvaje que pone en riesgo derechos básicos”, señalaron desde la CTA Autónoma. Desde el movimiento obrero advierten que la reforma “traslada todos los riesgos al trabajador” y “abarata el despido para fomentar la precarización”.
