La Justicia Federal obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad a restablecer los pagos suspendidos durante las auditorías. La medida sienta un precedente.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso, a través de las Resoluciones N° 12.621/2025 y N° 13.653/2025, el restablecimiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral que habían sido suspendidas durante los procesos de auditoría realizados por el organismo.
La medida fue adoptada en cumplimiento de una resolución judicial urgente dictada por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, que otorgó un plazo de 24 horas para restituir los haberes interrumpidos.
La resolución responde a la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ Acción de Amparo Ley 16.986 c/ Cautelar” (Expte. N° FTU 13578/2025), que ordenó restablecer de inmediato todas las pensiones afectadas en Catamarca y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva.
El interventor Alejandro Alberto Vilches, designado por el Decreto 601/2025 al frente de la agencia por 180 días, firmó las disposiciones que disponen dejar sin efecto las suspensiones detalladas en el Anexo I del expediente, reanudar los pagos desde el mes en que fueron interrumpidos, y notificar a los beneficiarios para que la ANSES reactive las prestaciones.
Qué establece la resolución
El primer punto de la Resolución N.º 12.621/2025 deja sin efecto las suspensiones sobre las pensiones por invalidez laboral y ordena reactivar el pago de los haberes desde el período en que fueron interrumpidos.
La Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación deberá notificar a las personas afectadas, al tiempo que el organismo se abstendrá de iniciar o continuar auditorías o nuevas suspensiones mientras la medida judicial siga vigente.
Además, se estableció que los gastos derivados de la reactivación de pagos se cubrirán con la partida presupuestaria del ejercicio en curso, y que la ANSES será responsable de la reanudación efectiva de los cobros.
Estas disposiciones, dictadas en el marco de la intervención, buscan reordenar los procedimientos internos y garantizar la continuidad de las prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad.
