En las últimas semanas, medios nacionales han centrado su atención en la gestión del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, debido a la creciente crisis de inseguridad y al enigmático caso de la desaparición de Loan, un niño de cinco años. La situación ha desencadenado una oleada de críticas hacia la administración provincial y ha resaltado las fallas en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, introducido en 2022.
Desde la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, los correntinos han experimentado un aumento significativo en los casos de delincuencia y denuncian una “puerta giratoria” que permite a los delincuentes ser liberados rápidamente después de ser detenidos. Esto ha generado una sensación de vulnerabilidad y temor entre los ciudadanos, quienes sienten que las calles de la provincia ya no son seguras.
El caso Loan ha exacerbado las preocupaciones sobre la capacidad del sistema judicial correntino para gestionar casos críticos. Loan desapareció bajo circunstancias aún no esclarecidas, y la falta de avances en la investigación ha dejado a la comunidad en un estado de desesperación e incertidumbre. Medios nacionales han informado que la familia de Loan, representada por el equipo de abogados de Fernando Burlando, incluido Fabián Améndola, ha expresado serias dudas sobre la eficacia y la transparencia del proceso judicial, citando “movimientos extraños” y posibles conexiones entre los implicados y altos funcionarios provinciales, incluyendo al propio gobernador Valdés.
Según estas fuentes, el abogado de la madre de Loan, José Codazzi, tiene presuntas relaciones con el gobernador Valdés. Améndola ha señalado que el traslado de la madre a un hotel en la ciudad de Corrientes y su posterior reubicación son acciones sospechosas que han generado más preguntas que respuestas.
En una reciente columna para el diario Época, el periodista televisivo Gustavo Gamboa criticó duramente la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Gamboa destacó que los fiscales, abrumados por la enorme carga de trabajo, solo pueden atender casos de extrema violencia, dejando muchos delitos sin seguimiento adecuado. Actualmente, en la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, solo hay siete fiscales disponibles para manejar unas 80,000 denuncias anuales, lo que resulta en una carga insostenible de más de 11,000 casos por fiscal.
Gamboa relató que un comisario local, frustrado por la incapacidad de reducir el índice de robos en su área, le comentó que un fiscal, agobiado por el volumen de trabajo, le pidió que “no lo molestara a menos que haya sangre”. Este comentario resalta la desconexión entre la teoría del Código Procesal Penal y la realidad de su implementación en Corrientes.
Además, los medios nacionales han señalado que, aunque el nuevo Código pretendía modernizar el sistema judicial, la falta de recursos adecuados ha llevado a un aumento en los delitos y a una percepción generalizada de impunidad. En las redes sociales, los residentes de Corrientes expresan su frustración por no poder caminar con seguridad por sus barrios, sabiendo que los delincuentes serán liberados poco después de ser arrestados.
El caso Loan ha desatado una ola de manifestaciones en Corrientes, con ciudadanos exigiendo justicia y respuestas sobre la desaparición del niño. Esta situación se suma a la ya tensa atmósfera de inseguridad que se vive en la provincia. Las movilizaciones reflejan el descontento de los correntinos con la administración de Valdés y su gestión de la seguridad pública.
El gobernador Valdés, enfrentando críticas por su manejo del nuevo Código Procesal Penal y la creciente ola de delitos, ha propuesto recientemente un proyecto de ley para endurecer el proceso penal contra delincuentes reincidentes. Sin embargo, esta medida es vista por muchos como una reacción tardía, ya que llega en el final de su segundo mandato, cuando se prepara para asegurar una transición política a través de su hermano, Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y candidato potencial a sucederlo.
La situación política se complica aún más con la entrada de La Libertad Avanza, el movimiento liderado por Karina Milei, en la escena electoral de Corrientes. Los buenos vínculos de los Valdés con la Casa Rosada no han sido suficientes para mitigar el descontento popular, y la aparición de La Libertad Avanza refleja el deseo de los correntinos de buscar alternativas a la administración actual.
Las recientes movilizaciones y la continua búsqueda de Loan son indicativos de una profunda crisis en Corrientes, tanto en términos de seguridad pública como de confianza en el sistema judicial. Mientras los correntinos esperan respuestas y soluciones, el gobernador Valdés enfrenta el desafío de restaurar la seguridad y la fe en la justicia de su provincia antes de que esta crisis se convierta en el factor decisivo que ponga fin a su carrera política.
